Luego de dos semanas del asesinato de tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, la institución ha puesto énfasis en la seguridad de sus funcionarios que operan en la macrozona sur, por lo que solicitó al Poder Judicial modificar la manera en que se controlan las medidas cautelares domiciliarias que se deben realizar, especialmente en los puntos más peligrosos.
La petición nace a raíz del mencionado atentado que terminó con la vida de los funcionarios Sergio Arévalo, Carlos Cisterna y Misael Vidal, quienes fueron asesinados -precisamente- mientras realizaban un control de una medida cautelar de arresto domiciliario de un importado por porte de munición.
Según consignó La Tercera, el prefecto de Control de Orden Público (COP) de La Araucanía, coronel Pablo Olivares, aseguró que la policía uniformada ha recibido más de un millón y medio de solicitudes de control judicial, que se dividen en notificaciones, citaciones, además de medidas cautelares y de protección.
En ese sentido, el oficial explicó al rotativo que «ese cumplimiento genera una importante cantidad de horas de trabajo, que van en directo desmedro de nuestro rol de apoyo a las operaciones policiales de las unidades territoriales y servicios especializados institucionales. Y, en menor grado, pero no menos importante, afecta el rol preventivo, que esta especialidad ha reforzado conforme a las constantes, crecientes y dinámicas necesidades operativas del día a día».
NOTA: Radio Cooperativa
